Óscar R.R., padre del pequeño de 23 meses que murió el pasado sábado por el ataque de un Pit Bull en Pontevedra, ha sido imputado por un presunto delito de homicidio por imprudencia. Óscar, es el propietario del perro y se encuentra en libertad a la espera de ser citado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Redondela, que abrió diligencias para determinar si existe alguna responsabilidad penal por el trágico suceso.
Los agentes que llevaban el caso interrogaron también a la madre y a los abuelos del pequeño. Tras este proceso han entregado el atestado con sus investigaciones, en las que aprecian una supuesta inobservancia del deber de cuidado.
El ataque se produjo en una finca de la familia, y la ley establece que los "animales potencialmente peligrosos" que se encuentren en parcelas, chalés, terrazas o patios deben estar atados, a no ser que se posean medidas de seguridad en cuanto a altura, cerramiento y superficie para proteger a las personas o animales que se acerquen. Los perros calificados de tal forma, además deben tener bozal y una correa de menos de dos metros de longitud, y no extensible. El Pit Bull, ese día tenía un radio de acción superior a los tres metros de distancia desde su caseta a la puerta de la verja, donde cogió al niño.
La investigación de los agentes ha desvelado que carecía de licencia exigida para "perros peligrosos".


